El domingo 15 de marzo, el gobierno decretó la emergencia nacional a consecuencia del brote de Coronavirus, restringiendo la libertad de tránsito, entre otras medidas, exceptuando libre circulación sólo para personas que prestan servicios y bienes esenciales vinculados a la alimentación, salud y comunicación. Lamentablemente dos días después el Ministerio de Economía y Finanzas, incluye en la excepción al sub sector minero a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y ambiente; lo cual, cual está siendo aprovechado por las empresas mineras para retener a sus trabajadores y obligarlos a trabajar con “normalidad.
Este hecho es un desacato a la Emergencia Nacional y la desnaturaliza. No solo es un atropello contra los derechos laborales de los trabajadores mineros sino también contra los derechos humanos y colectivos de los Pueblos Indígenas que viven en el entorno. Esta irresponsable decisión del gobierno está generando desconcierto, preocupación e indignación entre las comunidades y la ciudadanía en general, pues no es posible que en una situación tan crítica para nuestro país que nos ha llevado a esta Emergencia Nacional , el gobierno haga excepciones para satisfacer los intereses empresariales del sector minero , desvirtuando así las medidas contra el Coronavirus.
Desde la CNA, RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE este condenable e irresponsable acto que pone en riesgo la salud y la vida tanto de los trabajadores mineros, quienes están siendo forzados a trabajar en mina , casi en condición de rehenes, como de los Pueblos Indígenas del entorno que además de ya padecer las consecuencias de la contaminación minera ahora se encuentran expuestos a un inminente riesgo de contagio al mantenerse en permanente contacto con los trabajadores mineros que realizan sus actividades cotidianas ( alimentación, desplazamiento , hospedaje, etc.) dentro de los territorios comunales.
Siendo la Emergencia Nacional de obligatorio cumplimiento para garantizar el control de la propagación del Coronavirus es inadmisible que el gobierno ceda nuevamente a las presiones de la CONFIEP y vuelva a incurrir en actos que vulneren la salud, integridad y vida de nuestros Pueblos Indígenas y la población en general.Por ello, EXIGIMOS, la inmediata anulación de esta disposición.
Lima, 19 de Marzo,
