Las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Perú alertamos la exclusión en el Censo 2025 y exigimos mecanismos de verificación independiente para los resultados del INEI


  • Denunciamos falta de personal capacitado y omisión de la pregunta 10 de autoidentificación étnica, que repercute en invisibilizar a los pueblos indígenas y limitar su reconocimiento y acceso a servicios públicos.
  • Resultados de la encuesta realizada por Instituto de Estudios Peruanos – IEP, (septiembre, 2025)) informan que la mitad de la población peruana se reconoce como indígena o descendiente de un pueblo indígena u originario, cifra que permite contrastar los resultados del censo.

Lima, 26 de noviembre. El 25 de noviembre, mediante conferencia de prensa, las organizaciones indígenas de todo el país, alertamos graves deficiencias en la preparación y ejecución de los Censos 2025. Denunciamos que los censos que se llevaron a cabo de agosto a octubre de este año fueron adelantados 2 años innecesariamente, sin que existieran condiciones mínimas para garantizar su eficacia. Entre las debilidades de la etapa previa, se encuentra la escasa participación de las organizaciones indígenas durante la formulación de la pregunta de auto-identficación, la falta de una campaña informativa y publicitaria pertinente y del uso de idiomas indígenas en ella.

Durante el censo, alertamos que los censistas no eran de la zona y no manejaban el idioma, algunos no formularon la pregunta 10 de auto-identificación y otros intentaron direccionar la respuesta. Además, personas de varios lugares afirmaron no haber sido censadas.  La CNA y las organizaciones de pueblos indígenas del Perú, denunciamos que, por estas irregularidades, los resultados de los censos no reflejarán la realidad en las estadísticas oficiales, dando lugar a la vulneración de nuestros derechos y exclusión de futuras políticas públicas interculturales.

INEI y un censo fallido que invisibiliza a las poblaciones indígenas del Perú

Al respecto, Rosalía Clemente Tacza, presidenta de la Confederación Nacional Agraria (CNA), expresó que el proceso de los censos del 2025 ha tenido graves falencias: “Los censistas tuvieron escasa o nula capacitación en pertinencia cultural, las comunidades han señalado que en numerosos casos el personal del censo no manejaba idiomas indígenas, lo que dificultó la comprensión adecuada de las preguntas y la recolección de datos precisos, especialmente en zonas rurales y territorios alejados.Los censistas no han estado a la altura de su responsabilidad, realizando conteos por teléfono en lugar de hacer una visita domiciliaria. A esto se suma la intromisión política de algunos congresistas y grupos empresariales interesados en invisibilizar nuestros pueblos y que este escenario ha limitado la autoidentificación étnica y ocasionado un subregistro”.

Teresita Antazú, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), subrayó la omisión de la pregunta sobre auto-identificación indígena en comunidades amazónicas, señalando que en varios casos los censistas no registraron la pertenencia étnica o presionaron para que se declaren mestizos. Además, dijo que, en diversos territorios la cobertura fue insuficiente, dejando fuera a numerosos hogares y profundizando el desconocimiento oficial sobre la presencia y magnitud demográfica de las comunidades. “Les dijeron que no podían ser indígenas porque usaban equipos tipo smartphone”, acusó.

Wilder Sánchez Chavez, presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), señaló la deficiente estrategia de comunicación e información del proceso censal. Destacó que la difusión oficial no consideró los idiomas originarios ni tiempos adecuados, generando confusión, desinformación y limitada participación. Afirmó tajante: “Censar no es solo contar cuántos somos, sino ser reconocidos, ello no permite exigir ciudadanía y derechos”, remarcó Sánchez durante la conferencia.

Por su parte Aurora Coronado de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap) señaló que el problema empezó con el adelanto del censo. Que, si bien participaron en alguna reunión preparatoria, sus sugerencias no fueron escuchadas. Además, dijo que, durante el censo, a muchas familias no se les formuló la pregunto 10, reclamando el derecho a existir de los pueblos indígenas en el Perú.

Danitza Quispe de Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), señaló que el adelanto condujo a un censo sin garantías: “Se realizó sin cumplir con el derecho a la participación, no convocaron a las organizaciones, tomamos conocimiento de las reuniones de preparación, por información de terceros”. Dijo también que ven un retroceso en la participación de los pueblos indígenas en el INEI. Además, indicó que “en las opciones de respuesta de la pregunta 10 sobre auto-identificación se consideraron categorías racistas, como blanco y mestizo, dejando de lado las recomendaciones de la

CEPAL”. Finalmente dijo que “el contexto político de recorte de derechos también genera desconfianza en nuestros hermanos”.

Para abordar esta problemática, las organizaciones indígenas CNA, CCP, AIDESEP, FEMUCARINAP, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPII) solicitaron que se publique los resultados y que la información sea verificable. Es decir, que se publique el padrón utilizado en zonas rurales, así como la programación censal por zona lo que permitiría saber a quién, en dónde y cuándo se censó. Así mismo, propusieron que el Estado financie auto censos indígenas, similares al que implementó el pueblo Harakbut, para evaluar la omisión censal y la calidad de la información recibida.

La mitad del Perú se identifica como población indígena

Por su parte, César Flores, representante del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH, reveló que, según una encuesta nacional aplicada por el IEP en 24 departamentos, 158 provincias y 461 distritos del país, el 50% de la población peruana se autoidentifica como miembro o descendiente de un pueblo indígena u originario. Además, resaltó que en el sur del Perú la autoidentificación indígena alcanza el 59%, mientras que, en Lima Metropolitana, es el 45%. Resaltó también que el 43% de las personas encuestadas afirma haber visto con frecuencia programas televisivos o contenidos en redes sociales que presentan burlas o agresiones hacia personas de origen indígena o afroperuano, y un 35% reconoce haber sufrido o presenciado discriminación de manera reiterada.

Luis Hallazi, especialista del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, remarcó que la encuesta demuestra una valoración sustancial del aporte indígena a la sociedad: el 44% de los entrevistados considera que los principales aportes de los pueblos indígenas están en su conocimiento y cultura, mientras que el 34% menciona la historia y otro 23% subraya el cuidado del medio ambiente y los valores. Sin embargo, resaltó que los pueblos indígenas, al ser propietarios de un tercio del territorio nacional –33.7%– y al tener el 47% de los bosques amazónicos dentro de sus territorios cumplen un papel central en su gestión y conservación. Sin embargo, estos aportes no son reconocidos y conviven con experiencias de exclusión y racismo.

Javier Jancke de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) dijo que invisibilizar a los pueblos indígenas lleva a que no se les proteja frente a los riesgos que supone las economías ilegales que generalmente ocupan sus territorios, mientras que Sofía Luna, estudiante de Antropología de UNMSM, señaló que en la universidad existe muchos estereotipos de lo que significa ser indígena. Creen que el indígena no puede tener celular o redes sociales. Muchos jóvenes recién están contando sus historias sobre sus orígenes. Considera que son las primeras generaciones de hijos de migrantes que van a la universidad y se reconocen como parte de los pueblos indígenas u originarios.

Ante las evidencias descritas en la presente nota, las organizaciones de los pueblos indígenas, denunciamos las graves fallas de los censos del 2025, la intromisión de grupos de poder económico, la vulneración del derecho a la participación de los pueblos indígenas u originarios en el proceso de formulación e implementación de los censos que repercutirá profundizando brechas de desigualdad e invisibilización histórica de los pueblos indígenas originarios del Perú.