Durante décadas, los pueblos indígenas han debido organizarse para abrir espacios de diálogo con un Estado que históricamente ha tomado decisiones sobre sus territorios sin garantizar su participación efectiva ni el reconocimiento de sus derechos. Frente a esta realidad, la Confederación Nacional Agraria (CNA) viene impulsando procesos de articulación política que fortalezcan la incidencia de las organizaciones indígenas en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas que afectan sus derechos colectivos.
En ese camino, la CNA y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), con el acompañamiento técnico de DAR, iniciaron en 2024 un proceso de diálogo andino-amazónico para construir una agenda común que permita articular las demandas de los pueblos indígenas del país y fortalecer su participación en los principales espacios de decisión.
Como resultado de este esfuerzo, ambas organizaciones construyeron una agenda compartida y, entre el 23 y el 25 de mayo de 2026, realizaron un nuevo encuentro nacional e internacional que reunió a dirigentes de organizaciones andinas y amazónicas para evaluar los avances alcanzados, compartir experiencias de incidencia política y actualizar las prioridades comunes frente a los desafíos actuales.
Más que un espacio de intercambio, el encuentro reafirmó la convicción de que la unidad entre los pueblos indígenas constituye una condición indispensable para defender los derechos colectivos y consolidar una representación política con mayor capacidad de incidencia frente al Estado.
La PNPI al 2040: un logro construido por los pueblos indígenas
Uno de los principales resultados de los procesos de diálogo impulsados durante los últimos años ha sido la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 (PNPI), publicada el pasado 9 de abril.
Para la CNA, esta política representa un importante avance porque recoge demandas históricas de los pueblos indígenas relacionadas con la protección de los territorios, el reconocimiento de los derechos colectivos y la necesidad de fortalecer su participación política. Su aprobación es el resultado de varios años de incidencia de las organizaciones indígenas nacionales, que lograron posicionar la necesidad de contar con una política pública específica para enfrentar las brechas históricas de exclusión.
Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora.
La experiencia demuestra que aprobar una política pública no garantiza, por sí sola, cambios en los territorios. Sin presupuesto, voluntad política y mecanismos efectivos de seguimiento, los compromisos pueden quedar únicamente en el plano normativo.
Por ello, la implementación de la PNPI requiere la participación permanente de las propias organizaciones indígenas, no solo como beneficiarias, sino como actoras políticas responsables de vigilar su cumplimiento y proponer mejoras durante su ejecución.
Participar no es solo ser consultados
Uno de los principales consensos alcanzados durante el encuentro entre la CNA y AIDESEP fue que la participación política de los pueblos indígenas no puede reducirse únicamente a procesos de consulta o acceso a información.
Las organizaciones coincidieron en que es necesario avanzar hacia mecanismos que permitan influir realmente en las decisiones relacionadas con los territorios, la gestión de los recursos naturales, el desarrollo rural, el presupuesto público y las políticas nacionales.
Para la CNA, fortalecer la participación implica también impulsar nuevos liderazgos indígenas, promoviendo la participación de mujeres y jóvenes, así como consolidar procesos permanentes de articulación entre organizaciones andinas y amazónicas.
Esta unidad cobra aún mayor importancia en un contexto en el que continúan impulsándose iniciativas que buscan flexibilizar la normativa ambiental, debilitar la institucionalidad indígena y reducir los espacios de participación ciudadana.
El seguimiento de la política debe construirse junto a los pueblos indígenas
La implementación de la PNPI también plantea el reto de establecer mecanismos permanentes de monitoreo.
La CNA considera fundamental que el seguimiento no sea una responsabilidad exclusiva del Estado, sino un proceso compartido con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, permitiendo evaluar avances, identificar incumplimientos y formular recomendaciones para mejorar la ejecución de la política.
En ese marco, la instalación de la Mesa de Trabajo «Pacto por los Pueblos», impulsada por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la OIT, UNESCO y diversos actores de cooperación internacional, representa una oportunidad para fortalecer este proceso de seguimiento desde un enfoque de corresponsabilidad.
Los Censos Nacionales 2025: información para hacer visibles a los pueblos indígenas
Otro de los temas priorizados durante los diálogos fue la importancia de contar con información estadística confiable sobre la población indígena.
Durante el desarrollo de los Censos Nacionales 2025, las organizaciones indígenas identificaron diversas dificultades en la aplicación de la pregunta de autoidentificación étnica, situación que podría afectar la calidad de la información obtenida.
A pesar de ello, la CNA mantiene la expectativa de que los resultados censales permitan dimensionar con mayor precisión la presencia de los pueblos indígenas en el país y sirvan como sustento para diseñar políticas públicas culturalmente pertinentes, asignar recursos de manera más equitativa y visibilizar el aporte de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, la producción agraria y la protección de los territorios.
Fortalecer la articulación para fortalecer la democracia
Los diálogos andino-amazónicos han demostrado que la articulación entre organizaciones indígenas fortalece su capacidad de incidencia y permite construir propuestas conjuntas frente a los desafíos que enfrentan sus pueblos.
Para la Confederación Nacional Agraria, la implementación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 constituye una oportunidad histórica, pero su éxito dependerá de que el Estado garantice una participación efectiva de las organizaciones indígenas en todas las etapas de ejecución, seguimiento y evaluación.
Fortalecer la representación política indígena, consolidar mecanismos de vigilancia de las políticas públicas y generar información que refleje la diversidad del país son condiciones indispensables para avanzar hacia un Estado verdaderamente intercultural, donde los pueblos indígenas no solo sean escuchados, sino que participen plenamente en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.
Contenido elaborado con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
