En la ciudad de Lima, el 19 de junio del 2026, culminó la primera reunión de la Etapa de Dialogo de la Consulta, previa, libre e informada de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (PNEIB), las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios reafirmaron de manera unánime que esta política debe estar dirigida específicamente a garantizar el derecho colectivo a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de los pueblos indígenas del país.
Durante las sesiones de diálogo, organizaciones nacionales como AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, CUNARC, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA, sostuvieron unánimemente y con firmeza que “la EIB constituye un derecho colectivo de los pueblos indígenas, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas normas nacionales”, lo cual constituye una de las principales propuestas planteadas por los/as representantes de sus bases regionales durante la Etapa Informativa y que fueron consolidados durante la Etapa de Evaluación Interna de la Consulta de la PNEIB al 2050.
Tras un amplio debate con la Entidad Promotora y tras aprobar el Titulo, el Problema Público y el Público Objetivo de la PNEIB, el cual se enfoca en reafirmar y reconocer que la Política Nacional de EIB debe ser por y para pueblos indígenas originarios. En estos términos, se acordó ampliar la Etapa de Diálogo a fin de reajustar todos sus contenidos de la política con la participación de los/as representantes de las organizaciones de pueblos indígenas y que será retomado en octubre del presente año.
Las organizaciones destacaron que los pueblos indígenas mantienen su identidad y sus derechos colectivos independientemente del lugar donde residan. Por ello, señalaron que el Estado tiene la obligación de garantizar servicios de EIB tanto en los territorios indígenas como en contextos urbanos donde habitan niñas, niños y adolescentes indígenas, mediante modelos y servicios de fortalecimiento y revitalización lingüística y cultural. Además, recordaron que las principales brechas continúan concentrándose en los territorios originarios, donde persisten dificultades relacionadas con infraestructura educativa, escasez de docentes bilingües, insuficiencia de materiales educativos y limitaciones en la calidad de los servicios de EIB.
Asimismo, se destacó la experiencia de construcción participativa de la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 como una referencia para fortalecer los estándares de participación en la formulación de políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas. En este sentido y considerando los aprendizajes del proceso de consulta de la PNEIB al 2040, se plantea como lección aprendida que las políticas para pueblos indígenas deben ser participativas desde la etapa de formulación.
Como resultado del diálogo, se lograron importantes avances, entre ellos:
- La aprobación de modificaciones en la denominación de la política, el problema público y el público objetivo, orientándolos hacia los pueblos indígenas u originarios.
- El reconocimiento de la necesidad de realizar un reajuste técnico de la política para adecuarla a los acuerdos alcanzados.
- La continuidad del proceso de consulta con las ocho organizaciones indígenas participantes.
- La garantía de acompañamiento técnico a las organizaciones durante el proceso de reformulación.
- El compromiso de continuar el diálogo una vez culminados los ajustes técnicos correspondientes.
Una política para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas
Las organizaciones participantes reafirmaron que la futura PNEIB debe constituirse como una política específica para los pueblos indígenas u originarios, orientada a fortalecer sus lenguas, culturas, identidades y sistemas de conocimiento, contribuyendo al ejercicio efectivo de sus derechos colectivos.
Al mismo tiempo, señalaron que ello no excluye la obligación del Estado de promover la interculturalidad, combatir y erradicar toda forma de discriminación.
Finalmente, las organizaciones expresaron su voluntad de continuar participando activamente en el proceso, con el objetivo de construir una política pública sólida, pertinente y sostenible que garantice el derecho colectivo a una Educación Intercultural Bilingüe de calidad para las actuales y futuras generaciones de pueblos indígenas del Perú.
