El día de ayer, en la sesión de Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N°1718 “La Nueva Ley del Despojo” que amenaza las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas.
Recordemos que el miércoles pasado la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, decidió aprobar el dictamen del mencionado proyecto, que no es más que el retorno nefasto del Decreto Legislativo 1333, el cual fue derogado en mayo de este mismo año por el propio Congreso de la República al ser una norma anticonstitucional que amenaza los derechos de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas.
Razón por la cual la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú(ONAMIAP) interpusieron una demanda de amparo para inaplicar el DL 1333 y DL 1192 , ambos por afectar el derecho de propiedad indígena, medida que ha sido admitida por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
En ese sentido, la Confederación Nacional Agraria expresa su total rechazo respecto a este Proyecto de Ley N° 1718 dado que atenta los derechos territoriales y colectivos de los pueblos originarios, los cuales son reconocidos y protegidos por el Convenio 169 de la OIT, y EXHORTAMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A REFLEXIONAR Y PROMOVER SU ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO.
El Proyecto de Ley en mención insiste en la creación del APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) quien concentraría funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, Gobiernos Regionales y COFOPRI y tendrían plenas facultades para impulsar y efectuar el saneamiento, titulación y registro de los inmuebles priorizados. Ello con el fin de facilitar la entrega de predios privados y públicos a obras de infraestructura, hecho que generará una innecesaria y confusa duplicidad de funciones y atribuciones en materia de saneamiento y titulación de la propiedad urbana y rural en el país.
Si bien excluye aquellos territorios en posesión y/o propiedad de los pueblos indígenas, consideramos que ello es insuficiente e inadecuado, dado que más de 10.000 comunidades campesinas y nativas que existen en nuestro país, más de 3200 aún no cuentan con título de propiedad, situación que generará que sus tierras puedan ser arrebatadas a través de este proyecto de ley.
Finalmente hacemos un llamado a la ciudadanía general, comunidades campesinas y nativas y organizaciones representativas hermanas a involucrarse en la lucha por el archivamiento de este proyecto que vulneran la propiedad de todos los sectores rurales y urbanos para favorecer únicamente a los grandes inversionistas. No podemos permitir que se agudice más la conflictividad social en nuestro país, debido a los enfrentamientos que pueden existir por tierras y territorios entre los pueblos indígenas y el Estado. Las organizaciones indígenas no queremos más “Baguazos”
¡POR EL RESPETO DE MIS TERRITORIOS! ¡NO MÁS LEYES QUE VULNEREN LA INTEGRIDAD DE NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS!
Adjuntamos:
Ayuda Memoria sobre los cuestionamientos del Pacto de Unidad al Proyecto de Ley 1718/2017-PE
NOTA DE PRENSA 059-2017. Jueves, 12 de octubre de 2017.
