Huelga de productores de maíz: ¿Qué espera el Gobierno para darle solución?


A finales de enero del presente año, nuestro país enfrentó una crisis en el sector agrario: el paro de productores de papa, mujeres y hombres campesinos y campesinas que se movilizaron en distintas regiones exigiendo al Estado atención y solución a sus demandas.  Una protesta que dejó como saldo dos fallecidos y que finalizó tras un acuerdo establecido por el Ministro de Agricultura y los representantes de los productores de papa.

En la actualidad, el mismo panorama se desarrolla en la región de San Martín, en donde hermanos y hermanas han salido a las calles a protestar debido al bajo precio que se encuentran sus productos, una medida de lucha a la que se han plegado los productores de arroz.

Sus demandas son claras, ellos exigen se atiendan de manera urgente al sector agrario y solicitan al gobierno la compra de sus productos, así como la aplicación de un arancel a la importación de maíz. Mientras tanto, la situación de los productores (as) de arroz es similar y también demandan apoyo del Estado. En ese sentido, a través de un comunicado de la Federación de Productores de arroz y riego de la región de San Martín (FEDEPAR) reclaman que el Gobierno compre la producción de arroz de la Macro Región Selva, suspender las importaciones así como la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y MERCOSUR, entre otros.

Han transcurrido más de 8 días y nuestros hermanos (as) campesinos continúan esperando una solución justa a sus reclamos. Por ello desde CNA expresamos nuestra solidaridad con la medida de lucha emprendida por cientos agricultores (as) quienes ven perjudicado su economía familiar al no poder recuperar sus costos de producción. ¿Qué espera el Gobierno para solucionar dicha problemática?

Nuestro sector agrario urge de políticas agrarias concretas que protejan a nuestros productores y productoras del campo. Es necesario impulsar una agricultura sostenible y los mercados campesinos locales para la seguridad alimentaria, el Gobierno está en la obligación de garantizar e implementar políticas agrarias orientadas a la promoción y producción de alimentos sanos y de calidad para satisfacer las necesidades alimenticias de la población y no solo las demandas del mercado externo. Sin embargo, ello no se prioriza y contrariamente se contribuye a entregar a las grandes corporaciones transnacionales las tierras de nuestros ancestros, originando más pobreza, contaminando el agua y destruyendo nuestras tradiciones y cultura andina.

Mientras el Gobierno no priorice y fortalezca nuestra agricultura, nuestros productores (as) del campo continuarán sumergidos en la misma situación de pobreza, frente a un estado indiferente que los ha abandonado.