El atractivo turístico más visitado en la región del Cusco, la montaña Vinicunca o también conocida como la montaña de los sietes colores, ubicada en la provincia de Canchis ha sido concesionado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a la empresa minera canadiense Camino Minerals, el pasado 16 de marzo del presente año, así lo informó la ONG CooperAcción.
Una lamentable situación que ha despertado indignación y preocupación a nivel nacional e internacional, dado que varios portales web han calificado a la montaña Vinicunca como una belleza natural debido al imponente espectáculo visual que ofrece a sus visitantes, razón por la cual en estos últimos años se ha convertido en un boom turístico.
Sin embargo, ello no parece relevante para el Estado peruano quien continúa concesionando y/o despojando territorios a las comunidades campesinas que se encuentran ubicadas en dicha zona, sin mediar procesos de consulta ni consentimiento previo de los mismos.
En ese sentido, es condenable que una vez más se prioricen las inversiones económicas privadas sobre los derechos de nuestros pueblos indígenas u originarios. Lamentablemente este modelo económico neoliberal y de corte extractivo que aplica el gobierno actual sólo busca depredar la naturaleza y acelerar los impactos del cambio climático, vulnerando así los derechos fundamentales y colectivos de nuestros pueblos, afectando sus medios básicos de subsistencia debido al acaparamiento y uso de sus territorios.
Precisamente, hace algunas semanas las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad en el V Encuentro Nacional expresamos nuestra indignación ante la continua exclusión e invisibilización que tiene el Estado peruano respecto a nuestros derechos como pueblos indígenas, el cual persiste en desconocer nuestros aportes y continúa negando nuestra participación en la toma de decisiones.
En este contexto, al ceder estas 400 hectáreas que se ubica en los distritos de Canchis y Quispicanchi el cual también se superpone a territorios de las comunidades campesinas de Chillihuani y Pampachiri se estaría vulnerando el derecho a la identidad y cultura que tienen dichas comunidades, recordemos que como pueblos indígenas u originarios nuestra identidad está fuertemente vinculada al territorio que habitamos, pues allí producimos alimentos, preservamos el medio ambiente , hablamos nuestras lenguas y perpetuamos conocimientos ancestrales.
Bajo la premisa del crecimiento económico el Estado no debe desconocer sus obligaciones y compromisos para la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables, teniendo en cuenta el alto grado de conflictos sociales que se ha suscitado en nuestro país, debido a la industria extractiva exportadora. Ante ello, resulta increíble las facilidades que se le brindan a las inversiones privadas, en su mayoría extranjeras frente a un Estado cuya política económica no escatima en cometer irregularidades, vulnerar y violar los tratados y/o convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
De esta manera desde CNA exigimos se anule dicha concesión minera dado que atenta contra la integridad y la cultura de nuestros pueblos indígenas. Como pueblos indígenas u originarios tenemos el derecho a decidir nuestro modelo de desarrollo sobre la base de planes de vida comunales que implemente nuestros saberes y prácticas tradicionales.
